TeleSUR / 31/07/2006
El gobierno colombiano fue responsabilizado por las acciones de grupos paramilitares sobre población civil
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un fallo condenatorio contra el Estado colombiano por permitir y apoyar las acciones de grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso en 1996 y 1997 en la localidad de Ituango.
El caso se refiere a una matanza ocurrida en las zonas rurales de Ituango, al noreste de Bogotá, el 11 de junio de 1996 y el 22 y 26 de octubre de 1997, donde fueron masacradas 19 personas.
El fallo de la corte, por votación unánime de seis jueces, obliga al Estado colombiano a pagar 1.4 millones de dólares a los familiares de las víctimas, ofrecer perdón público, e iniciar un plan de reconstrucción de las viviendas destruidas por los paramilitares.
Durante las declaraciones a la prensa sobre el caso, el vicepresidente de la nación neogranadina Francisco Santos, pidió a los medios de comunicación que apoyen al estado colombiano en el proceso de paz que adelanta con los grupos paramilitares.
“Por amor a Dios, yo si quiero ser muy enfático en este tema con los medios de comunicación, es fácil hacer estas preguntas, es fácil arrinconarme, pero es difícil usted gobernar tratando de desarticular y desarmar toda esa cantidad de bandidos que mataron tantos colombianos", dijo Santos.
Para Jairo Ramírez, representante del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el fallo de la corte representa un nuevo reto para ese país en su proceso de paz con los grupos paramilitares.
“Allí el gobierno está en una encrucijada muy grande, porque está entre la exigencia del fallo de la corte de que se sancione en toda su magnitud y su profundidad esta masacre y en la aplicación de la ley de justicia y paz, que plantea penas irrisorias y muy limitadas", expresó Ramírez.
Por su parte el presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Luís Augusto Castro, expresó que el fallo de la corte debe motivar un cambio de fondo que ayude a eliminar la incertidumbre que viven los familiares de las víctimas de las acciones paramilitares.
"Que digan la verdad de los hechos, que manifiesten al menos dónde está la cantidad de muertos, esto es algo muy positivo porque son tantas las familias que tienen metida en la mente esa pregunta: ¿dónde está el ser querido que se ha perdido?, puntualizó Luís Augusto Castro.
Esta es la séptima condena que la corte declara contra Colombia por violación a los derechos humanos. El Gobierno colombiano aceptó lo términos de la condena y su responsabilidad por los hechos ocurridos.
vc/YR
El gobierno colombiano fue responsabilizado por las acciones de grupos paramilitares sobre población civil
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un fallo condenatorio contra el Estado colombiano por permitir y apoyar las acciones de grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso en 1996 y 1997 en la localidad de Ituango.
El caso se refiere a una matanza ocurrida en las zonas rurales de Ituango, al noreste de Bogotá, el 11 de junio de 1996 y el 22 y 26 de octubre de 1997, donde fueron masacradas 19 personas.
El fallo de la corte, por votación unánime de seis jueces, obliga al Estado colombiano a pagar 1.4 millones de dólares a los familiares de las víctimas, ofrecer perdón público, e iniciar un plan de reconstrucción de las viviendas destruidas por los paramilitares.
Durante las declaraciones a la prensa sobre el caso, el vicepresidente de la nación neogranadina Francisco Santos, pidió a los medios de comunicación que apoyen al estado colombiano en el proceso de paz que adelanta con los grupos paramilitares.
“Por amor a Dios, yo si quiero ser muy enfático en este tema con los medios de comunicación, es fácil hacer estas preguntas, es fácil arrinconarme, pero es difícil usted gobernar tratando de desarticular y desarmar toda esa cantidad de bandidos que mataron tantos colombianos", dijo Santos.
Para Jairo Ramírez, representante del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el fallo de la corte representa un nuevo reto para ese país en su proceso de paz con los grupos paramilitares.
“Allí el gobierno está en una encrucijada muy grande, porque está entre la exigencia del fallo de la corte de que se sancione en toda su magnitud y su profundidad esta masacre y en la aplicación de la ley de justicia y paz, que plantea penas irrisorias y muy limitadas", expresó Ramírez.
Por su parte el presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Luís Augusto Castro, expresó que el fallo de la corte debe motivar un cambio de fondo que ayude a eliminar la incertidumbre que viven los familiares de las víctimas de las acciones paramilitares.
"Que digan la verdad de los hechos, que manifiesten al menos dónde está la cantidad de muertos, esto es algo muy positivo porque son tantas las familias que tienen metida en la mente esa pregunta: ¿dónde está el ser querido que se ha perdido?, puntualizó Luís Augusto Castro.
Esta es la séptima condena que la corte declara contra Colombia por violación a los derechos humanos. El Gobierno colombiano aceptó lo términos de la condena y su responsabilidad por los hechos ocurridos.
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