OPINION
¿Concesiones a perpetuidad?
Por Fernando “Pino” Solanas
El neoliberalismo logró imponer en América latina la
idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho,
se toman a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos
relacionados con ellas: uno en Venezuela difundido por todo el sistema
mediático y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de
imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en cadena, dice
que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no
renovar la licencia de la televisora RCTV que, luego de 20 años, concluyó
el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás
canales privados y que el 80 por ciento de los medios son opositores a su
gobierno.
La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorrogar
una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de
cualquier Estado soberano. En el Encuentro por el Derecho a la Información,
realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y periodistas
franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de
una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona y coincidieron
en que ningún país de Occidente goza hoy de más libertad de prensa que la
Venezuela de Chávez: ¿Quién puede negar su paciencia al haber permitido que
la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de
Estado y al magnicidio, y de promover la huelga petrolera que paralizó
Pdvsa?
En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país
se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios nacionales e
internacionales: la prórroga hasta el 2047 de la concesión del yacimiento
petrolero más importante de la Argentina que vence en el 2017, Cerro
Dragón, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90
km de Comodoro Rivadavia. Es una explotación de la
Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y a Bridas de
Carlos Bulgheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la
Legislatura de Chubut con el voto de los justicialistas y casi todos los
radicales, y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno
nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización
de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso
con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319) llamada “ley
corta”. Esto sucede en medio de la crisis petrolera burlando los derechos
constitucionales del pueblo de gozar de sus recursos energéticos. La
prórroga de la concesión de Cerro Dragón diez años antes de su vencimiento
significa ceder su explotación por 40 años, es decir, hasta la total
extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del
mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a
Repsol en marzo del 2000.
Según un estudio del ingeniero Víctor Bravo –Instituto de Economía
Energética–, el valor bruto de producción (VBP) de las reservas comprobadas
de Cerro Dragón a valores de marzo del 2006 es de U$S 18.253 millones y el
de las reservas probables U$S 10.400. Un total de U$S 28.653 millones. A
cambio, las empresas deberán invertir U$S 3362 millones, sólo U$S 778
millones más de lo que debían gastar con el viejo contrato. Falta saber:
¿Cuánto pagaron B.P. y Bridas por renovar la fabulosa concesión? ¿Por qué
razón se han cedido millonarias reservas a cambio de casi nada, si pueden
ser explotadas por la provincia y la Nación en beneficio del
país?
Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y
televisión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio
indelegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cumplir
con la finalidad social de un servicio público que asegure los derechos a
la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos,
como lo establecen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y
Sociales incorporados a la Constitución. La ausencia de una ley de marco
regulatorio debatida por la sociedad, es una de las causas de la
degradación del sistema televisivo argentino. ¿No es una vergüenza que siga
rigiendo la ley de radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex
funcionario menemista Julio Bárbaro dirija hoy el Comfer? ¿Puede alguien
sostener que los canales controlados por Hadad-Menem, Monetta-Manzano o
Telefónica son el paradigma de la libertad de prensa, la información
transparente y veraz? ¿No fue el conjunto de los medios co-responsables del
modelo neoliberal que remató las empresas públicas y nos llevó a una
catástrofe social? ¿Cómo aceptar que el presidente Kirchner haya prorrogado
por 10 años las licencias de televisión sin reemplazar la ley de la
dictadura?
Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema
mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el imaginario
colectivo; propaga modelos de consumo, realza o censura acontecimientos. En
la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer
los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y
mantener el statu quo: ejercen una disimulada censura social y política y
lo que denuncia el despojo de nuestras riquezas. La cultura, la historia y
la realidad social están ausentes. Desaparece la creatividad y el vacío es
ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta cuándo la
intelectualidad argentina –comunicadores, pensadores, escritores y
artistas– guardará silencio frente a temas tan cruciales como la
democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros
recursos naturales? En este año electoral, ¿no es hora de exigirles a los
candidatos el tratamiento de una nueva ley de teledifusión y la anulación
de las ilegítimas concesiones petroleras?
* Cineasta y presidente del
M.O.R.E.N.O.
¿Concesiones a perpetuidad?
Por Fernando “Pino” Solanas
El neoliberalismo logró imponer en América latina la
idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho,
se toman a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos
relacionados con ellas: uno en Venezuela difundido por todo el sistema
mediático y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de
imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en cadena, dice
que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no
renovar la licencia de la televisora RCTV que, luego de 20 años, concluyó
el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás
canales privados y que el 80 por ciento de los medios son opositores a su
gobierno.
La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorrogar
una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de
cualquier Estado soberano. En el Encuentro por el Derecho a la Información,
realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y periodistas
franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de
una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona y coincidieron
en que ningún país de Occidente goza hoy de más libertad de prensa que la
Venezuela de Chávez: ¿Quién puede negar su paciencia al haber permitido que
la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de
Estado y al magnicidio, y de promover la huelga petrolera que paralizó
Pdvsa?
En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país
se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios nacionales e
internacionales: la prórroga hasta el 2047 de la concesión del yacimiento
petrolero más importante de la Argentina que vence en el 2017, Cerro
Dragón, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90
km de Comodoro Rivadavia. Es una explotación de la
Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y a Bridas de
Carlos Bulgheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la
Legislatura de Chubut con el voto de los justicialistas y casi todos los
radicales, y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno
nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización
de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso
con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319) llamada “ley
corta”. Esto sucede en medio de la crisis petrolera burlando los derechos
constitucionales del pueblo de gozar de sus recursos energéticos. La
prórroga de la concesión de Cerro Dragón diez años antes de su vencimiento
significa ceder su explotación por 40 años, es decir, hasta la total
extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del
mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a
Repsol en marzo del 2000.
Según un estudio del ingeniero Víctor Bravo –Instituto de Economía
Energética–, el valor bruto de producción (VBP) de las reservas comprobadas
de Cerro Dragón a valores de marzo del 2006 es de U$S 18.253 millones y el
de las reservas probables U$S 10.400. Un total de U$S 28.653 millones. A
cambio, las empresas deberán invertir U$S 3362 millones, sólo U$S 778
millones más de lo que debían gastar con el viejo contrato. Falta saber:
¿Cuánto pagaron B.P. y Bridas por renovar la fabulosa concesión? ¿Por qué
razón se han cedido millonarias reservas a cambio de casi nada, si pueden
ser explotadas por la provincia y la Nación en beneficio del
país?
Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y
televisión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio
indelegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cumplir
con la finalidad social de un servicio público que asegure los derechos a
la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos,
como lo establecen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y
Sociales incorporados a la Constitución. La ausencia de una ley de marco
regulatorio debatida por la sociedad, es una de las causas de la
degradación del sistema televisivo argentino. ¿No es una vergüenza que siga
rigiendo la ley de radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex
funcionario menemista Julio Bárbaro dirija hoy el Comfer? ¿Puede alguien
sostener que los canales controlados por Hadad-Menem, Monetta-Manzano o
Telefónica son el paradigma de la libertad de prensa, la información
transparente y veraz? ¿No fue el conjunto de los medios co-responsables del
modelo neoliberal que remató las empresas públicas y nos llevó a una
catástrofe social? ¿Cómo aceptar que el presidente Kirchner haya prorrogado
por 10 años las licencias de televisión sin reemplazar la ley de la
dictadura?
Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema
mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el imaginario
colectivo; propaga modelos de consumo, realza o censura acontecimientos. En
la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer
los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y
mantener el statu quo: ejercen una disimulada censura social y política y
lo que denuncia el despojo de nuestras riquezas. La cultura, la historia y
la realidad social están ausentes. Desaparece la creatividad y el vacío es
ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta cuándo la
intelectualidad argentina –comunicadores, pensadores, escritores y
artistas– guardará silencio frente a temas tan cruciales como la
democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros
recursos naturales? En este año electoral, ¿no es hora de exigirles a los
candidatos el tratamiento de una nueva ley de teledifusión y la anulación
de las ilegítimas concesiones petroleras?
* Cineasta y presidente del
M.O.R.E.N.O.
Dedicados a la difusión de la información para la liberación de los pueblos y dando la batalla al terrorismo mèdiatico de los medios de comunicaciòn privados.